El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, los terceros presentados por el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y los últimos de la legislatura, unas cuentas públicas que incluirán el mayor gasto público e inversión productiva de la historia en un contexto internacional de "alta incertidumbre" por el auge de los precios y la guerra en Ucrania, lo que han llevado al Ejecutivo a rebajar la previsión de crecimiento para el próximo año en seis décimas hasta el 2,1 %. En total, se destinarán seis de cada diez euros a políticas públicas, entre ellas, al refuerzo de la conciliación, a la sanidad y a la dependencia, aunque de nuevo el grueso del gasto irá destinado a las pensiones.
Así lo ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha sido la encargada de presentar las principales claves de la norma tras su aprobación en el Consejo de Ministros: "Son la garantía para la clase media y trabajadora", ha celebrado. Horas antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han formalizado el acuerdo en un encuentro en el Palacio de la Moncloa, que se ha alcanzado a primera hora de este martes tras una noche de intensas negociaciones.
La intención del Ejecutivo era aprobar las nuevas cuentas públicas este mismo martes, si bien el acuerdo ha estado pendiendo de un hilo hasta el último momento debido a las diferencias en materias como la ley de vivienda o la derogación de la conocida como ley mordaza. De hecho, ambos puntos se han quedado finalmente fuera del pacto. "Entiendo que al PSOE le cuesta tener mano dura frente a los especuladores del mercado inmobiliario", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una entrevista en RNE. Montero, en cambio, ha abogado por que la ley siga su trámite parlamentario, pues ya se incluyó en las cuentas de 2022.
Así, los PGE pasan ahora al Congreso de los Diputados, con el propósito de que antes del 31 de diciembre la Ley de Presupuestos esté aprobada y, por tanto, el 1 de enero entre en vigor. No obstante, aún el Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios, por lo que iniciará en las próximas semanas una ronda de contactos con sus socios de investidura.
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