Peligros golpistas
Dos años después del asalto al Capitolio en Washington, un nuevo ataque
protagonizado por hordas de extrema derecha a los principales centros de poder
federal en Brasil ha activado todas las
alarmas sobre la fragilidad de las democracias. El levantamiento insurgente
contra el pacto democrático instigado por los partidarios de Jair Bolsonaro ya se había intentado sin éxito en
Washington.
Pero también en Alemania, en diciembre de 2022, cuando sus servicios de
inteligencia frenaron a un conglomerado de funcionarios de extrema derecha y
miembros retirados de las fuerzas de seguridad que pretendían ocupar lugares de
poder institucional para derrocar a la república.
La
sucesión reciente de estos asaltos obedece a lógicas muy similares: la
manipulación de los seguidores con realidades alternativas a través de las
redes sociales, la inoculación en la opinión pública de la sospecha de
elecciones robadas y la deslegitimación del adversario político a través de
medios de comunicación o incluso de tribunales, junto al desprestigio
sistemático de las instancias electorales que se pronuncian sobre los
resultados de los comicios
Todo
esto que les acabo de decir no es mío. Es de un editorial de El País. La proliferación internacional de golpes
de Estado y el deseo deliberado de líderes iliberales de debilitar o incluso
romper las reglas del juego democrático son una advertencia sobre la amenaza
que la extrema derecha representa hoy para la democracia. Esto también es
de El País.
Hay
otras partes del editorial que no comparto pero imaginen ustedes cómo está la
cosa en el mundo para que El País reconozca
que el golpismo de ultraderecha es un problema en América Latina, pero también en Europa y en EEUU y que
señale además a los medios de comunicación y a la judicatura.
Un repaso a las intentonas golpistas de la derecha
El
pasado 8 de enero miles de seguidores de Jair Bolsonaro asaltaron
el Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema en Brasilia.
Además
de invadir las sedes de los tres principales poderes del país, los asaltantes
reclamaron la intervención de las fuerzas armadas para derrocar al
recientemente elegido Luiz Inácio Lula da Silva,
cuya victoria electoral siguen sin reconocer. Recordemos que Jair Bolsonaro
nunca felicitó a Lula por su elección, rechazó asistir a su investidura y
abandonó Brasil poco antes de finalizar su mandato.
Pues
ese es precisamente el motivo que ha llevado a Lula a destituir a la cúpula de
todos los medios de comunicación públicos del país. La dirección de medios como
Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora Radio
Nacional seguían en manos de cargos nombrados durante la presidencia Bolsonaro
y esto tuvo una traducción directa en la cobertura que hicieron del asalto a
Brasilia.
Bueno,
el asalto a las instituciones brasileñas se ha saldado con casi 1.200 detenidos
y con el arresto del exministro de Justicia bolsonarista, Anderson Torres, en prisión preventiva por su presunta
participación en el golpe. Además, el Tribunal Supremo de Brasil también ha
incluido en la investigación a Jair Bolsonaro, que se encuentra actualmente
afincado en Estados Unidos y perdió la inmunidad el pasado 1 de enero. La
petición se basa en un vídeo difundido por el líder ultraderechista en redes
sociales, [que eliminó después], en el que un fiscal bolsonarista ponía en
cuestión los resultados de las últimas elecciones.
Según
los últimos datos oficiales al menos 50 personas habrían muerto en las protestas
y más de 600 habrían resultado heridas por la represión policial. Recordemos
que el pasado 7 de diciembre el Congreso peruano, [alegando una
"permanente incapacidad moral"], destituyó al presidente electo Pedro Castillo y pocas horas después este fue
detenido mientras se dirigía a la embajada de México para
solicitar asilo político.
La
vicepresidenta Dina Boluarte asumió la
presidencia del país en medio de acusaciones a Castillo de intentonas
golpistas. Desde entonces Boluarte se aferra al poder y utiliza la represión
para reprimir las protestas.
El
pasado mes de diciembre Alemania desmanteló
una red ultra que pretendía dar un golpe de Estado. 3.000 agentes organizaron
una redada coordinada en 11 regiones, se registraron 130 inmuebles y 25
personas, [muchas con formación militar], fueron detenidas en la que supone la
mayor operación policial contra la ultraderecha en la historia reciente del
país.
Los
sospechosos pertenecen a una organización terrorista, Reichbürger, Ciudadanos
del Reich, fundada a finales de 2021, una agrupación que rechaza la existencia
de la República Federal alemana y que cuenta con más de
20.000 seguidores en todo el país.
Según apunta la fiscalía, se habían fijado
como objetivo "acabar con el orden democrático existente" a través de
medios militares y violencia contra los representantes públicos, incluyendo la
consecución de homicidios. Según las autoridades los ultras se estaban
preparando para asaltar el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento. El líder
de la intentona golpista y uno de los detenidos, es Heinrich XIII Prinz Reuß,
un aristócrata propietario de una empresa inmobiliaria y de un castillo en
Thüringen.
¿Asalto
bolsonarista en Brasil? Ya lo hacía el 15M. ¿Protestas en Perú? No existen
El
asalto violento a las instituciones de Brasil por
parte del bolsonarismo recuerda mucho al asalto al Capitolio en Estados
Unidos por los partidarios de Trump. Esto tiene
una derivada interna aquí en España, porque recuerda también a la estrategia
que están siguiendo aquí las derechas, que consiste en negar la legitimidad del
Gobierno de coalición y en usar sus posiciones dentro del Estado, en particular
su control ilegítimo del Poder Judicial, para hacer oposición por vías no
democráticas, llegando incluso a intentar impedir un debate parlamentario, como
hicieron el mes pasado. La derecha mediática española, por tanto, necesitaba
evitar que se instale en España un marco mental que les relacione con la
actitud antidemocrática de la derecha brasileña, ¿no?
Que
los malos son los de Podemos y la izquierda en general, eso es lo que dicen.
Ah, y los catalanes también. En concreto, comparan el asalto ultraderechista a
las instituciones en Brasil con el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Además de con el "Rodea el
Congreso", que fue una manifestación legal que se celebró el 25 de
septiembre de 2012 en los alrededores del Congreso en Madrid, en la que por
supuesto nadie puso un pie, no ya dentro del Congreso, sino ni siquiera en la
calle en la que está ubicado; y en la que aparte la policía cargó con
brutalidad y detuvo a varias personas.
Pero
fijaos: Libertad Digital: "La izquierda española, pionera
en el asalto a las instituciones democráticas. Mucho antes de lo sucedido en el
Capitolio y en Brasil, la izquierda asaltó parlamentos en España y agredió a
partidos de derechas".
Pues claro que sí. Todo eso, golpes de
Estado. Menos lo de Franco, que ya sabemos que fue un "alzamiento". Y
lo de Brasil no es para tanto, ya sabéis que es lo mismo que hacía aquí el 15M,
y además expresa, atención, "el sentir de la zona".
"¿Esto no expresa el sentir de la
zona?" Una tragedia, la verdad, que esta sea la pregunta que se hacen en
la televisión pública en España sobre la intentona golpista en Brasil.
En Televisión Española entrevistaron a su enviado
especial en Brasil, Marcos López. Entre otras cosas, dijo lo siguiente:
"La
derecha brasileña es diferente a la del resto de América Latina, esto de Brasil es una excepción que no
se ha producido en ningún otro lugar, en los otros países las derechas que han
perdido las elecciones no han intentado subvertir la legalidad".
¿Golpe oligárquico? Nada, nada, en Perú no
pasa absolutamente nada, circulen que no hay nada que ver ahí. ¿O no habéis
escuchado al corresponsal de Televisión española explicando que las derechas
latinoamericanas, y cita en concreto a Perú, están aceptando limpiamente sus
derrotas electorales? En fin.
Esto
de "circulen que no hay nada que ver en Perú" no es una forma de
hablar, es el resumen de cómo lo está tratando la prensa española. No hay
prácticamente información sobre lo que está pasando allí, y eso que hablamos de
decenas de personas asesinadas en las calles por la represión del Gobierno. ¿Os
imagináis qué se diría en los medios en España si por ejemplo en Venezuela la policía y el ejército estuvieran
asesinando a decenas de personas en la calle? No se hablaría de otra cosa, los
telediarios abrirían con eso, se promoverían "caravanas humanitarias"
y conciertos en la frontera y prácticamente se pediría la intervención militar
para derrocar a la malvada dictadura.
Pues
te lo resumo rápidamente: en Perú el poder mediático sigue dos líneas
fundamentales. Una es culpar de la situación al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, acusándole de estar detrás de un
contubernio bolivariano indigenista para desestabilizar el Perú. Y la otra es
criminalizar a los manifestantes acusándoles de terroristas y vinculándolos
con Sendero Luminoso.
Perú suma decenas de muertos mientras se buscan
enemigos internos y externos
Dina
Boluarte lleva apenas 40 días al mando del Gobierno
de Perú, pero este tiempo le bastó para marcar toda una
serie de récords. No los récords que a ella le hubiera gustado, probablemente,
pero aquí está: con más muertos en protestas que días de gobierno, con decenas
de heridos, con más renuncias ministeriales que Pedro
Castillo en un mismo período, con un estado de emergencia
prolongado por un mes más, con un índice de desaprobación de más del 70%. Y con
una etiqueta consolidada ya en redes para referirse a ella: Dina Balearte.
Hoy les hablaré de lo que ha pasado en las
últimas semanas desde que se retomaron las calles, de los atropellos que
llevamos observando un día sí y otro también, y de las explicaciones que le da
este nuevo gobierno del Perú, arropado por los medios de información y con las
organizaciones internacionales haciendo la vista gorda ante todo lo que ocurre.
Thank
you for watching
El 7 de diciembre se puso la banda
presidencial, comenzando una espiral de violencia que cosecha ya 50 muertos. El
9 de enero, en un solo día, en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron
asesinados 19 manifestantes. Según la autopsia, todos fueron abatidos como
resultado de una desmedida respuesta policial. A nueve de esas víctimas se les
encontraron municiones metálicas dentro del cuerpo, a uno restos de bala, a
seis de ellos restos de perdigones de metal. Entre los muertos había menores de
edad y jóvenes de 18 años.
Lo que deja el 2022 en Europa y
América Latina
INNA
AFINOGENOVA
En medio de ese panorama el Ministerio del
Interior informó que allí mismo, en Juliaca, una turba de manifestantes prendió
fuego a un policía de 29 años acabando con su vida. Y esa fue la muerte que,
sorprendentemente, llamó la atención de los medios: finalmente empezaron a
hablar de las víctimas que a esas alturas ya sumaban más de 40, aunque la
atención mediática se concentrara en una sola muerte en concreto que sirvió
para presentar al conjunto de manifestantes como terroristas, vándalos y
desestabilizadores.
Desde
el Congreso se propuso declarar al policía asesinado como mártir de la defensa
de la democracia. Medios de información buscaron a sus padres para
entrevistarlos, unos campesinos de Cusco, se trasladaron
hasta allí, les pusieron sus micrófonos delante, pero las declaraciones del
padre del policía hicieron que su presencia en la pantalla fuera fugaz y
efímera.
Pues mira, a principios de enero dijo,
literalmente, que no se entendía qué es lo que piden los manifestantes, que lo
único que buscan son pretextos para generar caos, que protestas de qué. Más de
un mes de manifestaciones con unos reclamos clarísimos desde el día 7 de
diciembre, de los que Dina Boluarte parece no haberse enterado todavía. De hecho,
los reclamos siguen siendo a día de hoy exactamente los mismos que formularon
el 7 de diciembre: renuncia de Boluarte, elecciones, asamblea
constituyente.
Pero se ve que es mucho más fácil hacer
oídos sordos y tirar de la vieja confiable: el enemigo interno y, ya para
asegurar, sumarle al enemigo externo también.
El viernes pasado dio un discurso a la
nación en el que pidió perdón por la violencia aunque con tantos
"peros", que no quedó muy claro quién era el responsable de la misma,
si su gestión, si los militares en las calles o, usando sus propias palabras,
"esta gente que genera odio".
Días
antes de que pronunciara el discurso llegó al país la Comisión Interamericana de los DDHH que, en su
informe preliminar, había advertido de un "deterioro del debate
público" en el que algunas autoridades se refieren "con
generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como
terroristas, terrucos, senderistas -por Sendero Luminoso- o indios".
La
búsqueda del enemigo interno y el "terruqueo" se han convertido en
una suerte de "especialidad de la casa" en Perú, pero en estas
semanas ha llegado a unos niveles un tanto grotescos. La semana pasada, en
Ayacucho, detuvieron a ocho integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de
Ayacucho.
Se
les detuvo y se emitió un orden para, ojo, buscar en sus casas libros de Marx, de Lenin y de Stalin, un tipo de cosas
que nos recuerdan a otras épocas vividas en varios países de Latinoamérica y
que nunca acabaron nada bien, especialmente para la gente de izquierdas.
Como
a todo ese cacao de "esta gente que genera odio", de estos
desestabilizadores, cuyo delito es leer El manifiesto comunista,
le faltaba algo de picante, aparecieron en el argumentario el malvado de Evo Morales y Los Ponchos Rojos.
Un
diputado de ultraderecha de Bolivia afirmó, sin pruebas, que una agrupación que
él llamó "ponchos rojos" supuestamente vinculada a Evo Morales, había
ingresado armamento y municiones en Perú. La denuncia no iba acompañada de nada
que no fuera la "palabra de honor" de ese diputado, pero fue
suficiente para empezar a rodar. Llegó hasta Chile donde la
retomaron círculos pinochetistas, porque cualquier excusa es buena para usarla
en su cruzada contra el progresismo.
Según
la Fiscalía peruana, la idea de Morales consiste en impulsar protestas en la
región de Puno (el mismo lugar donde se asesinó a 19 personas en un día) para
separarla de Perú y así poder anexionársela a Bolivia. Todo en el
marco de su plan para promover el "socialismo del siglo XXI". Para
frustrárselo, la Fiscalía le prohibió la entrada en el país.
Según
una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP),
el Congreso goza de una desaprobación del 88%, ocho puntos más de desaprobación
que hace un mes. Dina Boluarte es rechazada por el 71% de la población y el 52%
de los peruanos creen que tienen que adelantar elecciones, algo que Boluarte
dijo que no haría, así que el futuro es más que incierto.
En los últimos tres años hemos visto
brutales represiones de manifestaciones en países de Latinoamérica. Decenas de
personas murieron en la Colombia de Duque, en la Bolivia de Añez y en el Chile
de Piñera.
En ningún lado fueron tantas las víctimas
como las que acumula Perú en estos días. En todos esos países esas
manifestaciones le costaron muy caro a los gobiernos: se fueron derechitos a la
oposición o, en el peor de los casos, a la cárcel.
Está claro que son lecciones que Dina no
ha acabado de aprender y parecería que esperar a ver cuál es su destino
comiendo palomitas es algo hasta divertido, si no fuera porque esto le está
costando la vida a decenas de personas que protestan por una situación y una
inestabilidad que ya les parece insostenible.
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