Este 1 de febrero, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición de su programa Desde Donde Sea a comentar los más recientes acontecimientos de la política nacional: la devaluación política de Juan Guaidó ante la Unión Europea (UE) y de algunos gobiernos de gran peso dentro del bloque, como el de Alemania; las más recientes revelaciones relacionadas con la Operación Gedeón, que implican indubitablemente a los gobiernos de Colombia, España y Estados Unidos, y la cada vez probable negociación entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro con la oposición.
Merkel se pliega a la UE y le dice a Guaidó que ya no es más presidente
En el caso específico del rebajamiento de estatus del exdiputado Guaidó ante la Unión Europea, el experto relató que mientras que el Parlamento comunitario controlado por partidos de derecha y extrema derecha insiste en mantener su reconocimiento como «presidente interino», el Consejo de Europa, en el que participan los jefes de Estado, se decide por consenso y en ese entorno, el apoyo a Guaidó nunca ha sido tal enlace.
Por ello, el Gobierno de Angela Merkel anunció a través de un vocero de su ministerio de Relaciones Exteriores, que en apego a lo decidido en el Consejo de Europa, dejarían de considerarlo como «presidente encargado», una posición a la que se sumó República Dominicana.
Sin embargo, Pérez Pirela destacó que la UE ha supeditado su política exterior a los dictámenes de Washington y se torna timorata al momento de presentar una postura autónoma sobre Venezuela y, antes bien, con la llegada de Biden a la Casa Blanca, se permite criticar a Trump.
Colombia, España y EEUU hasta el cuello en la Operación Gedeón
Las más recientes revelaciones relacionadas con la Operación Gedeón, acción sediciosa con la que la oposición extremista ligada a Leopoldo López y Juan Guaidó pretendió derrocar al presidente Nicolás Maduro, asesinar a miembros prominentes de su gobierno, disolver el Estado-Nación e instalar un régimen teledirigido por Estados Unidos en el que mercenarios podrían hacer caso omiso de las leyes y autoridades de la República, dan cuenta de la participación indubitable de los gobiernos de Iván Duque, Pedro Sánchez y Donald Trump.
El fallo del plan, así como la divulgación de los detalles del complot por parte de quienes participaron en calidad de ejecutores y ayudantes, ha dejado al descubierto que no se trató solamente de un contrato suscrito por Guaidó con una empresa de mercenarios estadounidenses, sino que los gobiernos de España, Estados Unidos y Colombia, además de estar al corriente, facilitaron recursos para la conspiración golpista.
Del lado español, el exembajador del reino en Caracas, Jesús Silva, además de dar cobijo a López tras su participación en un intento de golpe de Estado el 30 de abril de 2019 y sobre quien pesaba una sentencia firme por organizar y alentar las acciones terroristas –guarimbas– en 2014, permitió que desde la sede diplomática, el político extremista mantuviera comunicación directa con Elkin Javier López, alias «Doble Rueda», el narcotraficante que prestó apoyo logístico a la operación sediciosa.
Este nuevo detalle fue aportado en testimonio por Juan Luis Gutiérrez Aranguren, un desertor del Ejército que sirvió como custodio de Leopoldo López durante su presidio en la cárcel de Ramo Verde, que posteriormente se incorporó a los campos de entrenamiento paramilitar asentados en Colombia y viajó desde ese país con el grupo mercenario en una de las lanchas que desembarcaron en las costas venezolanas el pasado 03 de mayo.
Gutiérrez, además, aseguró que la llamada Operación Gedeón contó con el respaldo del Gobierno de Iván Duque, una confesión que concuerda con la que ofreciera Yacsy Álvarez, traductora de Jordan Groudeau, exboina verde con experiencia en Irak que funge como director de Silvercorp, la compañía que contrató Guaidó para invadir Venezuela.
Álvarez denunció a las autoridades de Colombia por usarla para encubrir el entramado del golpe de Estado que se pretendía dar contra Maduro, luego que la justicia de ese país la acusara por apoyar al exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones en el entrenamiento de paramilitares en suelo colombiano.
Adicionalmente, le dijo a Noticias Caracol, medio abiertamente hostil al presidente venezolano, que tuvo contacto permanente con la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, una instancia que incluso se ofreció protegerla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.
El pasado 21 de mayo, Colombia fue señalada de participar en la misión por los embajadores de Rusia y Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, una acusación que el embajador colombiano, Guillermo Fernández, negó categóricamente.
De su lado, el representante de Venezuela, Samuel Moncada, acusó al Gobierno de Duque de incumplir con sus obligaciones relativa a la colaboración mutua en los procesos de administración de justicia y advirtió que «el Gobierno de EEUU y sus aliados están creando un espacio sin ley en las relaciones internacionales».
En opinión del analista, Colombia se ha convertido en una especie de república bananera en la que todo se vale y en el que los otros poderes públicos –Legislativo y Judicial– no son capaces de hacer frente a los desmanes del Ejecutivo.
Recordó, asimismo, que este asunto podría costarle una guerra con Venezuela, pues por mucho menos de lo que han hecho –lista que incluye un intento de magnicidio y al menos dos intentos comprobados de invasión paramilitar–, un país le declara la guerra a otro.
En Colombia, además de Yacsy Álvarez, están detenidos Juvenal Sequea Torres, Juven José Sequea Torres, Rayder Russo Russo y Rayan Pérez Astudillo, quienes han sido acusados de dirigir operaciones paramilitares en territorio colombiano.
Colombianizar a Venezuela: el plan de Leopoldo López, Juan Guaidó y la extrema derecha
Miguel Ángel Pérez Pirela también hizo referencia a las declaraciones de Juan Luis Gutiérrez Aranguren, según las cuales, narcotraficantes contratados por Leopoldo López habrían torturado y asesinado al periodista Ricardo Durán, hecho acaecido en enero de 2016.
Sobre esto, refirió que desde hace más de una década, él y el intelectual venezolano Luis Britto García han alertado sobre la presencia de grupos paramilitares en el país y han expuesto detalladamente sus modos de operación y sus formatos de ejecución, ajenos hasta entonces del tipo de violencia presente en el país.
Así, recordó, la génesis de estas actividades puede rastrearse a la relación que entabló López con Álvaro Uribe Vélez, mientras ejercía como alcalde del municipio Chacao (este de Caracas) y que fueron presentadas como «asesorías» en materia de seguridad, aunque en realidad se trató de una estratagema del ala más radical del partido Primero Justicia a la que luego habría de sumarse Voluntad Popular, para «colombianizar» a Venezuela.
El llamado «caso Daktari», en el que el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez detectó la presencia de un campo de entrenamiento paramilitar en las afueras de la capital y que describieran detalladamente él y Britto García en su libro «La invasión paramilitar: Operación Daktari», data de ese tiempo y responde plenamente a estos propósitos.
Por ello, en tono de reflexión, preguntó retóricamente si eso era lo que se quería para Venezuela, una repetición de lo que ocurre en Colombia, en la que los desaparecidos, las masacres, las fosas comunes y las ejecuciones son materia corriente, pues ese, como va quedando cada vez más claro, es el plan que tienen Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y otros personajes de la oposición de ultraderecha para el país.
¿El brazo de la justicia alcanzará por fin a Guaidó?
El largo prontuario de crímenes contra el país cometidos por Juan Guaidó y sus aliados, hace que muchas personas se pregunten si en algún momento el brazo de la justicia venezolana lo alcanzará y no se repetirá la historia de otros criminales como Iván Simonovis, Antonio Ledezma o Leopoldo López, que han logrado escaparse del país en circunstancias poco claras y hoy continúan atentando contra el país bajo el amparo de gobiernos extranjeros.
Entre la larga lista de tropelías en las que comprobadamente ha participado Juan Guaidó además de la Operación Gedeón, Pérez Pirela mencionó la pretensión de condonar una deuda de Paraguay con el Estado venezolano a cambio de dinero, la cesión del Esequibo a Guyana a cambio de respaldo internacional y la apertura de rutas expresas para el narcotráfico colombiano, todos delitos de inmensa gravedad y por los que, todavía, no se ha emitido ninguna orden de captura en su contra.
A ello añadió que el Tribunal Supremo de Justicia imputó a Yacsy Álvarez, Juvenal Sequea Torres, Juven José Sequea Torres, Rayder Russo y Rayan Pérez Astudillo por terrorismo, traición a la patria, conspiración con gobierno extranjero, tráfico de armas de guerra y asociación para cometer crímenes contra el Estado y al ser Guaidó uno de los comprobados cabecillas, era imposible no cuestionar el por qué seguía en libertad.
La pregunta, a su juicio, se hace más acuciante, toda vez que se han producido cambios en la arena política local e internacional, que harían mucho más viable su sometimiento a la justicia, como la instalación de una nueva Asamblea Nacional, el fin del Gobierno de Donald Trump y la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, la creciente pérdida de reconocimiento internacional de Guaidó y los múltiples escándalos de corrupción que han protagonizado él y su grupo, que ya no son denunciados solamente por el Gobierno Bolivariano, sino por medios de comunicación a los que muy difícilmente pueden vincularse con el chavismo, como The Washington Post.
Por si ello no bastara, continuó relatando, a final de la semana pasada, el actual presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que existían planes de atacar con bombas el Palacio Federal Legislativo en Caracas, aunque afortunadamente fueron desarticulados por las autoridades.
Por otra parte, mencionó el exdiputado insiste en mantener su ficción como presidente del Legislativo y convocó en días pasados a una sesión virtual en una Asamblea Nacional paralela, un acto a todas luces ilegal y tampoco fue privado de libertad por esa causa.
En conversación con LaIguana.TV, Tony Boza, diputado por el Gran Polo Patriótico, enumeró algunos de los daños que causó la coalición opositora que controló la Asamblea el pasado lustro: bloqueo de fondos del Estado en más de 42 bancos en todo el mundo, pérdida y malversación de recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo Petroleum, con los que se prestaba asistencia a niños con padecimientos catastróficos, así como el robo de más de 190.000 millones de dólares, según estimaciones de Pasqualina Curcio, experta en temas económicos.
A lo previo se añade que el bloqueo de fondos le impidió al Estado honrar el pago de sus deudas y se condujo al país a un estado de morosidad forzada, con las consecuencias que ello entraña para la solicitud de auxilios financieros.
Por lo antes dicho, en su opinión, el Ejecutivo y el Poder Judicial no están para denunciar, sino para ejecutar, pues no son medios de comunicación. Las denuncias, insistió, han de hacerlas otros actores y estas instancias deben encargarse de cumplir con su cometido.
Guaidó es rebajado y las negociaciones avanzan
Para finalizar, el analista se concentró en comentar el contenido de dos artículos relacionados con la debacle de Guaidó y con el posible avance de una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de la oposición.
El primero, escrito por el dirigente opositor Enrique Ochoa Antich, pone el acento en la pérdida de legitimidad internacional de Juan Guaidó, muy especialmente en el seno de la UE y por parte de Alemania.
En el continente, apunta Ochoa Antich, las cosas no son mejores para él, pues perdió el respaldo de República Dominicana y ya antes no contaba con el apoyo de México, Argentina y Bolivia.
Por ello, resalta que de ser Guaidó un personaje dotado de siquiera un poquito de coraje y decencia, admitiría que su estrategia fracasó, reconocería que el único camino posible es el diálogo y la vuelta a la Constitución «y entregaría a otro la vocería que aún detenta ilegítimamente».
Empero, Pérez Pirela considera que es un despropósito pensar que Guaidó va a emular a Chávez en su proceder al ser apresado el 4 de febrero de 1992, tras el fallido golpe de Estado, cuando asumió su responsabilidad por sus acciones y anunció que «por ahora» los objetivos no se habían logrado.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro informó que la Operación Gedeón fue denunciada un año antes y que finalmente ocurrió por desespero de Trump. En su intervención, el mandatario se preguntó dónde estaban el Congreso, la Fiscalía y los medios de Colombia, que nada hicieron pese a la denuncia.
Sobre la base de esto, el analista venezolano estima que vale la pena hacerse la misma pregunta en el caso de las instituciones venezolanas, que pese a tener compiladas multitud de pruebas en contra de los culpables, no se han articulado para ejercer justicia.
El segundo texto, comentó, es un artículo aparecido en el diario El País, que apunta hacia una hipótesis que ya había deslizado en las primeras ediciones del año de Desde Donde sea: se están dando conversaciones entre el Gobierno Bolivariano y el Gobierno de Biden y en ellas estarían jugando un rol relevante el llamado Grupo de Boston y el Gobierno de Noruega, como también han apuntado más recientemente otros opinadores locales ligados con la oposición.
En El País no aseguran que las conversaciones se estén produciendo, pero sí aseveran que «un nuevo intento de diálogo está mucho más cerca que ayer», en virtud de que los 27 países miembros de la UE evitaron reconocer a Guaidó como presidente encargado, quien perdió el cargo de jefe del Legislativo y quedó en la práctica fuera de las instituciones
En el texto se afirma que la UE apuesta por un proceso inclusivo de diálogo y negociación, aunque el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, reconoció que no hay señales de que se vaya a abrir una nueva fase exploratoria. Según él, de momento, la oposición se adapta a la nueva situación y todos están esperando cuál será la posición de la nueva administración estadounidense.
Finalmente, el diario español especula que la revisión de la política hacia Cuba por parte del recién instalado Gobierno de Biden, avizora un cambio en la política exterior de la región, muy especialmente en Venezuela.
intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Sr. Moncada
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