La vergüenza de un país

 El franquismo exhumó a sus caídos en la Guerra Civil y reparó a sus familiares incluso antes de finalizar la contienda. Los caídos republicanos y sus familiares siguen esperando justicia. La ONU, el Consejo de Europa y el Comité contra la Tortura han exigido a España en numerosas ocasiones el fin de la impunidad de la dictadura. 

ALEJANDRO TORRÚS

MADRID.- El franquismo reparó a sus caídos y familiares. Exhumó a sus muertos y entregó pensiones y reconocimientos a los familiares. El dictador Francisco Franco tuvo memoria con los que le habían ayudado a llegar al poder. La democracia, en cambio, esperó treinta años para aprobar una tímida Ley de Memoria y cuarenta años después de la Transición democrática la mayor parte de los muertos (republicanos) sigue en las cunetas. De hecho, según los datos del auto del juez Garzón, en España 114.226 desaparecidos de la Guerra. Como señaló el periodista Juan Carlos Escudier en un artículo publicado en esta casa: "Con Franco se reparaba mejor." Eso sí, sólo a los suyos. 

El dictador aprobó en abril de 1938, en plena Guerra Civil, un decreto que concedió pensiones extraordinarias a las viudas y huérfanos de los militares sublevados muertos en cautiverio. Dos años después, ya terminada la Guerra, este decreto se extendió a las viudas, huérfanos y padres de los militares que lucharon con los franquistas y fueron detenidos, ejecutados o murieron en la contienda. En 1941 una nueva ley ampliaba estos beneficios a los padres de los sacerdotes "muertos como consecuencia de la Guerra de Liberación”. 

El franquismo también exhumó a los suyos. Concretamente, según la orden aprobada en mayo de 1940, "toda persona que desee exhumar el cadáver de alguno de sus deudos que fueron asesinados por la horda roja, para inhumarlos de nuevo en el cementerio, puede solicitarlo al gobernador civil de la provincia correspondiente”. Además, en 1939 se reguló el acceso preferente a la función pública por parte de mutilados, excombatientes y excautivos, así como a los familiares de las víctimas de la guerra. 

 

La democracia esperó 30 años para aprobar una tímida Ley de Memoria y 40 después de la Transición la mayor parte de los muertos (republicanos) sigue en las cunetas.

Como es apreciable la reparación a una parte de las víctimas durante la dictadura fue considerable. La otra parte, la republicana, la que defendió la legalidad vigente que otorgaban las urnas quedaba ignorada, excluida y castigada. Su reparación debía esperar a la llegada de un nuevo régimen democrático que, en teoría, apreciaría los esfuerzos de los que defendieron la democracia y la legalidad republicana. 

En principio, las perspectivas eran buenas. La ONU, en el año 1946, en la Resolución 39 (I) de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión española establecía que "en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hítler y de la Italia fascista de Mussolini" y que, por lo tanto,  no representa al pueblo español" por ser un régimen "impuesto por la fuerza. 

Sin embargo, el contexto internacional cambió. El franquismo se convirtió en un régimen aliado contra el comunismo y la justicia quedó en un segundo plano. Después llegó la Transición; la Ley de Amnistía, que en la práctica funcionó como una ley de punto final; y una Ley de Memoria Histórica que descargaba sobre las familias la responsabilidad de la exhumación de sus familiares y ni siquiera era capaz de declarar nulas las sentencias de los tribunales franquistas que seguían señalando como delincuentes a personajes tan ilustres como Miguel Hernández. 

Este jueves el Partido Popular de Cifuentes rechazó que el Pleno de la Asamblea de Madrid rindiera homenaje a las víctimas cuando se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil

Alrededor de 30.000 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial

De esta manera, en el año 2016 los muertos republicanos siguen en las cunetas y sus familiares siguen, como en 1939, esperando verdad, justicia y reparación. Al menos 114.226 desaparecidos siguen en las cunetas del Estado en alrededor de 2.500 fosas comunes aún por exhumar. 30.960 niños fueron robados y entregados a familias que apoyaban al régimen o al Auxilio Social sin que se haya realizado ninguna investigación oficial ni los niños hayan podido recuperar su identidad.

Tampoco hay ninguna investigación sobre los alrededor de 400.000 presos políticos que fueron utilizados como trabajadores forzados ni sobre las empresas que los emplearon. Las miles de personas que sufrieron torturas, malos tratos y detenciones continúan figurando como delincuentes para la Justicia española, así como los que fueron 'ajusticiados' por los franquistas durante la Guerra y los primeros años de represión. La lista de víctimas es casi infinita. Como los de la comunidad LGTBi, que fueron tratados y reprimidos como enfermos.  

Pero el Estado de español continúa mirando hacia otro lado para no ver la impunidad de la dictadura franquista. Pero es que al olvido sistemático, además, se han sumado declaraciones de responsables del Partido Popular vergonzantes. Ejemplos no faltan.

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, señaló en un mitin que "los de izquierdas son unos carcas, todo el día con la fosa de no sé quién"; Rafel Hernando, portavoz del PP en el Congreso, dijo en un plató de televisión que "los familiares de las víctimas del franquismo se acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones"; Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, respondió al periodista Jordi Évole que no tiene "claro que sea cierto" que miles de españoles no sepan dónde están enterrados sus abuelos y que no cree que el Gobierno "pueda hacer nada para arreglarlo".

 

El Consejo de Europa condena las "múltiples y graves violaciones"

Son solo unos ejemplos de declaraciones que se añaden a los actos. Este jueves el Partido Popular de Cifuentes rechazó que el Pleno de la Asamblea de Madrid rindiera homenaje a las víctimas cuando se cumplen 80 años del inicio de la Guerra Civil y unos meses antes, junto a Ciudadanos, había rechazado que la Puerta del Sol luciera una placa en recuerdo a todos los ciudadanos que habían sido torturados en la Dirección General de Seguridad, cuya sede se emplazaba en la misma plaza. 

La política de impunidad practicada por el Estado español ha estado acompañada de severas críticas por parte de la Comunidad Internacional. Los reproches, las condenas y las recomendaciones de los organismos internacionales encargados de velar por el respeto a los Derechos Humanos han sacado los colores a España una y otra vez. 

En el año 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista. El organismo, en el que están representados 43 países, instó al Ejecutivo español a crear una comisión de investigación sobre los delitos del franquismo y presentar un informe al Consejo de Europa; a abrir los archivos civiles y militares a los historiadores, a abrir una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos y a erigir monumentos a las víctimas del franquismo. 

Diez años después, en 2016, el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa reprochó a España prácticamente lo mismo. Porque a pesar de la Ley de Memoria Histórica poco a cambiado en el país: hay menos monumentos a los golpistas, pero las cunetas siguen llenas de republicanos y sólo Argentina investiga los crímenes de la dictadura. 

El Consejo de Europa aprobó por unanimidad la primera gran condena internacional del régimen franquista

De esta manera, el Comisionado reprochó a España que la Ley de Memoria dejara en manos de las familias los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos; que el alcance de la misma siga siendo "limitado" y su aplicación deficiente debido a la "falta de presupuesto"; y que se ha haya hecho "muy poco" para "investigar" y sancionar a los responsables" debido, entre otros factores, "a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977". 

La ONU saca los colores a España

Pero sin lugar a dudas ha sido la ONU la que, a través de sus diferentes organismos, más ha recordado a España que su política de Estado de impunidad atenta contra el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Así, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en 2012 febrero de 2012 que España está obligada a "derogar" la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos y a "investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos".  

Una de las fechas más vergonzantes para España, en este largo camino para acabar con la impunidad de la dictadura, sucedió en la en el XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se celebró en 2014. España fue uno de los grandes protagonistas de este evento y no precisamente por su buen hacer. Allí se presentaron dos informes demoledores sobre la impunidad de la que goza el franquismo en España y sobre el obstruccionismo que practica la Justicia para que no se investiguen los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil.

España fue una de las grandes protagonistas del XXVII Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrada en 2014, y no, precisamente, por su buen hacer.

Por una parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas instó a España a realizar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Pidió que los jueces se personen en las fosas comunes y se investigue de oficio todas las desapariciones forzadas. Apremió a que se proporcione "los fondos adecuados" para que la Ley de Memoria Histórica "pueda aplicarse" y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Solicitó que se creara un banco de ADN y se investigaran los casos de niños robados; insistió en la creación de una Comisión de la Verdad; y, por último, reclamó a España que colabore con la Justicia de Argentina en la causa que investiga los crímenes de la dictadura. 

Por otra parte, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, leyó en este Consejo de Derechos Humanos el informe que realizó tras su viaje a España. Una vez más, el Relator Especial de la ONU advirtió a España de que tiene "la obligación internacional" de "extraditar o juzgar" a los franquistas reclamados desde Argentina y que "sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables". 

El Gobierno obvia las recomendaciones y se limita a decir que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en "el olvido y el perdón"

Greiff también instó a España a dejar sin efecto la ley de amnistía ya que, en la práctica, "cumple las funciones de una ley de punto final"; recalcó la necesidad de que el Gobierno haga una "política de Estado" para reparar a las víctimas de franquismo; criticó que el Estado hubiera dejado en manos de los familiares la responsabilidad de la localización y apertura de fosas de la Guerra Civil; y, por último, pidió al Gobierno que anulara todas las sentencias de los consejos sumarísimos. 

El Gobierno, por su parte, obvió todas estas recomendaciones y se limitó a decir en el mencionado Consejo de Derechos que la Transición y la Ley de Amnistía estuvieron basadas en "el olvido y el perdón" como única vía para "la reconciliación" y defendió que la Ley de Memoria Histórica era un conjunto de medidas de "reconocimiento y de carácter simbólico" para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la había anulado de facto dejándola sin fondos.

Víctimas desamparadas 

En marzo de 2015, ante la reiterada política de la impunidad del Gobierno de Mariano Rajoy, cuatro expertos de Naciones Unidas -el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, Christof Heyns; el presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky; el relator especial sobre la tortura, Juan E. Méndez, y el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación, Pablo de Greiff- redactaron un contundente comunicado contra la decisión del Gobierno español de no extraditar a Argentina a los 17 franquistas que están imputadas en la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura. La magistrada María Servini de Cubria les imputa posibles crímenes de lesa humanidad. 

"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", afirmaron los cuatro expertos

Por último, también el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, en 2015, recordó al Estado español que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, ni prescriben ni pueden ser amnistiados y urgió al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que este tipo de delitos, también aquellos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, sean debidamente investigados y enjuiciados y que las víctimas sean resarcidas

Pero ninguna de estas recomendaciones ha sido aplicada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ninguna. España sigue sin investigar los crímenes de la dictadura y sin colaborar con las autoridades judiciales de Argentina. Las víctimas, y sus familiares, de aquella Guerra siguen, a día de hoy, sin Justicia y sin reparación. En idéntica situación se encuentran los que sufrieron la tiranía del régimen filo fascista que nació de aquella Guerra. Pero es que los nacidos en democracia tampoco han disfrutado del derecho a la verdad, el derecho a que la Justicia investigue lo ocurrido en España durante aquellos años y a que una comisión de expertos, que cumpla los estándares internacionales, explique qué ocurrió en España durante la Guerra Civil y la dictadura. Son los datos de la vergüenza de un país.